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El nepotismo de la Junta de Andalucía en las últimas convocatorias de empleo público

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El día 26 de junio de 2020 la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular Andaluz, publicó la nombrada técnicamente como «convocatoria de selección de aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino, asimilado al cuerpo superior de administradores, especialidad administradores generales (A1.1100) en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19«. Tras esta florida denominación se contenía una oferta de 131 puestos de empleo público para poseedores de formación superior que poseía dos condiciones bastante llamativas. La primera, que la convocatoria estaría vigente durante una duración de 24 horas, plazo estricto en el que los aspirantes tendrían que preparar su documentación -copia de DNI y del título que acredite la formación superior- y entregarla por correo electrónico a la administración. La segunda, que la aceptación de los candidatos se realizaría «por riguroso orden de entrada». Es decir, los primeros 131 candidatos que presentasen la documentación correspondiente serían los elegidos.

Como era de esperar, la creación de puestos de empleo por la administración sin atender a ningún criterio de méritos recibió grandes reproches por varios frentes, entre los que se incluían los partidos no gobernantes del ejecutivo andaluz -izquierda Unida y el Partido Socialista, principalmente-, algunos sindicatos y bastantes medios de comunicación. Desafortunadamente parece que estas amonestaciones no tuvieron mucho efecto. Apenas dos semanas después, el día 9 de julio de 2020, la  Junta de Andalucía publicó una nueva convocatoria por la que de nuevo se seleccionaban 159 plazas de cuerpos superiores a través de los mismos criterios. El día 28 de julio se repitió la jugada con la convocatoria de 131 plazas nuevas. En agosto se descansó, como debía de ser, y el 15 de septiembre tuvimos la -hasta la fecha- última convocatoria de este estilo, en este caso con 252 nuevos puestos.

Habiéndose convertido en una práctica usual, las críticas han aumentado hasta el punto de obligar a la Fiscalía Superior de Andalucía a investigar a varios cargos importantes de la Junta por posibles delitos de prevaricación . En lo que queda del presente escrito analizaré el comportamiento de la Junta desde una perspectiva estrictamente legal, tratando de no entrar en asuntos políticos.

Los argumentos legales de la Junta de Andalucía

El artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo establece la posibilidad de las Comunidades Autónomas de llevar por el trámite de urgencia todas las convocatorias de empleados que se requieran «para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19». Dicho trámite de urgencia permite la selección de personal con unos criterios bastante más rápidos y laxos que los ordinarios, no debiendo de sujetarse a varios requisitos -entre ellos el de méritos- que sí que deben de ser aplicables en situaciones normales.

El Gobierno de Andalucía, a su vez, reguló la materia en su Decreto-Ley 6/2020 de 16 de marzo, en el que se recoge el mecanismo de urgencia a aplicar para este tipo de convocatorias tan especiales. El artículo 13 es el aquí importante, y en especial el 13.6, que dice así (las negritas son mías):

En el caso de que a través de los sistemas anteriores no se pudiera seleccionar a personal funcionario interino o laboral temporal, se procederá a la publicación de la correspondiente oferta en la web del empleado público (https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/) o la web de la entidad que pretenda la contratación, permitiendo, durante un plazo de veinticuatro horas, la presentación de solicitudes de personas que cumplan los requisitos que se definan. Transcurrido este plazo, se seleccionará a las personas más idóneas para el desempeño de los puestos convocados.

Como se puede apreciar de forma sencilla, la Junta de Andalucía incumple su propia normativa. El criterio de aceptar las candidaturas «en riguroso orden de entrada», según se ha venido realizando en las últimas convocatorias, acaba de modo fulminante con los dos condicionantes establecidos en la última frase del artículo. Primero porque no se respeta el término de plazo de 24 horas -algunas convocatorias se agotaron en cuestión de minutos-, y segundo porque es una necedad considerar a las personas más rápidas o mejor informadas como las «más idóneas para el desempeño de los puestos convocados».

¿Cuáles serán las consecuencias legales de este incumplimiento? Por desgracia, probablemente pocas o ninguna. Según ya hemos visto en (1) las penas por este delito de prevaricación son una broma, y ello si tenemos la suerte de que el asunto sea revisado por algún juzgado penal. También está el problema de la prueba, y es que aunque todos sabemos que en este asunto ha habido personas mejor informadas que otras por simple nepotismo, acreditarlo en los tribunales será harto complicado.

Habida cuenta de que la ley no va a ofrecer unos resultados óptimos en este sentido, quizá el siguiente paso sea tratar el caso desde un punto de vista político. Pero al menos hasta la fecha, parece que nuestros representantes tienen mejores cosas que hacer que meterse con gran ahínco en este tipo de asuntos.