Archivo por meses: enero 2021

El asalto al capitolio según el derecho penal español

Compartir este artículo:

El 6 de enero de este año 2021 que acabamos de comenzar nos sacudió con un evento que ya podemos considerar como histórico. Los hechos están bastante claros y se pueden resumir en lo siguiente: varios manifestantes que habían acudido al mitin republicano «Save America» entraron en el Capitolio de forma violenta, interrumpieron la sesión en la que se certificaba el cambio de presidente y dejaron una factura de cinco muertos y cincuenta y dos detenidos. El tiempo dirá las penas de prisión que la justicia estadounidense establece para los asaltantes, y no es mi intención ni de mi interés tratar de adelantar nada sobre ello. Sí que me parece curiosa, en cambio, la idea de analizar desde un punto de vista fantástico cuál habría sido la respuesta del derecho penal español a esos hechos. Sobre todo si tenemos en cuenta que solo hace unos años sufrimos de primera mano un suceso semejante.

Cuestión previa: un precedente español

El 27 de octubre del año 2017 setenta y dos diputados (setenta a favor, dos en blanco) del Parlamento Regional de Cataluña aprobaron la declaración de independencia más corta de la historia. Aproximadamente un año y medio después el Tribunal Supremo se enfrentaba a esta sentencia histórica con una discusión jurídica bastante interesante: ¿constituyen los hechos el tipo delictivo de la sedición ex. artículo 544 del Código Penal ?¿O nos encontramos más bien ante un delito de rebelión de su artículo 472 y siguientes?

La clave se encontraba en este último artículo, y más concretamente en el adjetivo que resalto:

Artículo 472.

Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:

1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.

2.º Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o a la Reina, al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.

3.º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.

4.º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.

5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

(..).

Los partidarios de la tesis de la rebelión manifestaban que la declaración de independencia catalana sí había tenido este carácter violento, ofreciendo entre otros argumentos las concentraciones independentistas que siguieron al 27 de octubre o la necesidad de aplicar el artículo 155 en la región. Los defensores de la sedición, entre los que me incluyo, no observábamos en los hechos la violencia que requería el texto legal del artículo 472.

Como bien es sabido, los magistrados del Alto Tribunal optaron finalmente y con más críticas que apoyos por la primera de las opciones, condenando a la mayoría de acusados a las penas de ocho a quince años relativas al delito de sedición.

El asalto al capitolio.

Habiendo leído todo lo anterior, el lector avispado podrá anticipar como relacionaré a continuación ambos casos. El punto cuarto del arriba expresado artículo 472 CP describe de un modo cuasiexacto los hechos que sucedieron en Estados Unidos hace apenas unos días, así que solo quedaría revisar si los detenidos actuaron con violencia. La respuesta obvia a esta pregunta, en este caso, deberá de ser afirmativa.

El presente ejercicio de ficción histórica y legal nos sirve por tanto para llegar a dos conclusiones: una, que el asalto al capitolio es un delito de rebelión del artículo 472 CP de libro, pudiendo perfectamente ser estudiado como ejemplo en las asignaturas de derecho penal de las universidades españolas; y dos, que la declaración de independencia catalana nunca podrá tener este mismo tratamiento, en la medida en que el componente de violencia de unos y otros hechos no tiene absolutamente nada que ver .

¿Y qué pasa con Trump?

El análisis de los hechos realizados por el expresidente estadounidense admite más dudas. El artículo 473 del Código Penal expresa lo siguiente:

Artículo 473

1. Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los meros participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.

Habría por tanto que estudiar dos variables para revisar su posible condena, que también se utilizarían como argumentos válidos para su defensa. En la primera se discutiría si efectivamente ha existido inducción o promoción de la rebelión por parte de Trump; o en otras palabras, si los manifestantes llevaron a cabo el asalto principalmente por el agresivo discurso del aún presidente. En la segunda se revisaría, dando por afirmativo el punto anterior, si Trump tuvo intención real de inducir y promover a la rebelión o si sus palabras pretendieron ser estrictamente políticas y sin alcance real, del mismo modo en que argumentó parte de la defensa de los acusados por el «procés» .

Conclusión

A falta de resolver algunas cuestiones menos importantes, se puede concluir que la respuesta de nuestro derecho penal a los hechos estudiados sería de aproximadamente 25 a 35 años de prisión para los asaltantes y (con muchas más dudas) de 0 a 10 años para el presidente. Será interesante comprobar con qué fuerza responde un ordenamiento jurídico supuestamente más duro como el estadounidense a estos hechos, pero eso lo analizaré probablemente en otra entrada.