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El asalto al capitolio según el derecho penal español

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El 6 de enero de este año 2021 nos sacudió con un evento que ya podemos considerar como histórico. Los hechos están bastante claros y se pueden resumir en lo siguiente: varios manifestantes que habían acudido al mitin republicano «Save America» entraron en el Capitolio de forma violenta, interrumpieron la sesión en la que se certificaba el cambio de presidente y dejaron una factura de cinco muertos y cincuenta y dos detenidos. El tiempo dirá las penas de prisión que la justicia estadounidense establece para los asaltantes, y no es mi intención ni de mi interés tratar de adelantar nada sobre ello. Sí que me parece curiosa, en cambio, la idea de analizar desde un punto de vista fantástico cuál habría sido la respuesta del derecho penal español a esos hechos. Sobre todo si tenemos en cuenta que solo hace unos años sufrimos de primera mano un suceso semejante.

Cuestión previa: un precedente español

El 27 de octubre del año 2017 setenta y dos diputados (setenta a favor, dos en blanco) del Parlamento Regional de Cataluña aprobaron la declaración de independencia más corta de la historia. Aproximadamente un año y medio después el Tribunal Supremo se enfrentaba a esta sentencia histórica con una discusión jurídica bastante interesante: ¿constituyen los hechos el tipo delictivo de la sedición ex. artículo 544 del Código Penal ?¿O nos encontramos más bien ante un delito de rebelión de su artículo 472 y siguientes?

La clave se encontraba en este último artículo, y más concretamente en el adjetivo que resalto:

Artículo 472.

Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:

1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.

2.º Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o a la Reina, al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.

3.º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.

4.º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.

5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

(..).

Los partidarios de la tesis de la rebelión manifestaban que la declaración de independencia catalana sí había tenido este carácter violento, ofreciendo entre otros argumentos las concentraciones independentistas que siguieron al 27 de octubre o la necesidad de aplicar el artículo 155 en la región. Los defensores de la sedición, entre los que me incluyo, no observábamos en los hechos la violencia que requería el texto legal del artículo 472.

Como bien es sabido, los magistrados del Alto Tribunal optaron finalmente y con más críticas que apoyos por la primera de las opciones, condenando a la mayoría de acusados a las penas de ocho a quince años relativas al delito de sedición.

El asalto al capitolio.

Habiendo leído todo lo anterior, el lector avispado podrá anticipar como relacionaré a continuación ambos casos. El punto cuarto del arriba expresado artículo 472 CP describe de un modo cuasiexacto los hechos que sucedieron en Estados Unidos hace apenas unos días, así que solo quedaría revisar si los detenidos actuaron con violencia. La respuesta obvia a esta pregunta, en este caso, deberá de ser afirmativa.

El presente ejercicio de ficción histórica y legal nos sirve por tanto para llegar a dos conclusiones: una, que el asalto al capitolio es un delito de rebelión del artículo 472 CP de libro, pudiendo perfectamente ser estudiado como ejemplo en las asignaturas de derecho penal de las universidades españolas; y dos, que la declaración de independencia catalana nunca podrá tener este mismo tratamiento, en la medida en que el componente de violencia de unos y otros hechos no tiene absolutamente nada que ver .

¿Y qué pasa con Trump?

El análisis de los hechos realizados por el expresidente estadounidense admite más dudas. El artículo 473 del Código Penal expresa lo siguiente:

Artículo 473

1. Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los meros participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.

Habría por tanto que estudiar dos variables para revisar su posible condena, que también se utilizarían como argumentos válidos para su defensa. En la primera se discutiría si efectivamente ha existido inducción o promoción de la rebelión por parte de Trump; o en otras palabras, si los manifestantes llevaron a cabo el asalto principalmente por el agresivo discurso del aún presidente. En la segunda se revisaría, dando por afirmativo el punto anterior, si Trump tuvo intención real de inducir y promover a la rebelión o si sus palabras pretendieron ser estrictamente políticas y sin alcance real, del mismo modo en que argumentó parte de la defensa de los acusados por el «procés» .

Conclusión

A falta de resolver algunas cuestiones menos importantes, se puede concluir que la respuesta de nuestro derecho penal a los hechos estudiados sería de aproximadamente 25 a 35 años de prisión para los asaltantes y (con muchas más dudas) de 0 a 10 años para el presidente. Será interesante comprobar con qué fuerza responde un ordenamiento jurídico supuestamente más duro como el estadounidense a estos hechos, pero eso lo analizaré probablemente en otra entrada.

El secreto profesional de los abogados en los blogs jurídicos

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Con la presente entrada comienzo a escribir en este blog y me planteo varias preguntas. Una de ellas, a la que dedicaré los próximos párrafos, refiere a mi posibilidad como abogado de compartir públicamente los casos que me llegan en plena primera persona, con detalles que solo yo -y quizá mi compañero contrario- conocemos. Las ventajas de ello son indudables y se relacionan sobre todo con la labor divulgativa de dichos asuntos, ofreciendo en una suerte de «Creative Commons» información que quizá pueda ser útil para estudiantes y profesionales del derecho. Las consecuencias también son transparentes, afectando de modo esencial a mi privacidad, la de mis clientes y a la marca de mi despacho.

Sin embargo, ni las ventajas ni las consecuencias ofrecidas deben de afectar a la cuestión principal, que versa sobre mi legitimidad. ¿Tengo derecho a utilizar cualquier plataforma para compartir públicamente casos privados y personales, que afectan a mis clientes y a otros profesionales del sector? ¿Me lo impide la ley o algún código deontológico? ¿Me lo puedo permitir desde una perspectiva moral o ética? A todas estas preguntas intentaré responder a continuación, aprovechando las conclusiones que obtenga para decidir, en parte, el futuro contenido de este pequeño blog.

Desde una perspectiva legal.

En la legislación española el deber de confidencialidad o secreto profesional se regula a través de varios frentes. Existe, en primer lugar, una gran pluralidad de normas de vital importancia que en sus disposiciones establece algunas palabras en relación a este deber. Dentro de ellas hallaríamos la Constitución , la Ley Orgánica del Poder Judicial , y el Código Penal . En segunda instancia, su regulación más completa la encontramos en dos textos de menor relevancia que los anteriores pero igualmente obligatorios para los abogados: el Estatuto General de la Abogacía y el Código Deontológico de la Abogacía .

Tras el estudio de los preceptos mencionados llego a las siguientes conclusiones:

  • El deber de confidencialidad de los profesionales jurídicos funciona no solo como una obligación, sino también como un derecho. Derecho a no tener que declarar ante los tribunales en caso de tener conocimiento de actos delictivos o ilegales de nuestros clientes por vínculo profesional. Es un dato a salvar, pero sin relevancia para lo que estoy analizando en este artículo.
  • La revelación o divulgación de secretos ajenos se castiga duramente, ya que según hemos visto tiene un precepto dedicado para ello en el artículo 199 del Código Penal. Entiendo aquí por «secretos» toda la información contada por el propio afectado o por un tercero que tenga un carácter manifiestamente privado y personal (No serían secretos, por ejemplo, la profesión o el estado civil, aunque su divulgación pueda ser perseguible por vía de protección de datos). Tampoco serían secretos aquellos datos en los que el afectado haya consentido en su divulgación o publicidad, o la apoye a través de sus propios actos.
  • La divulgación de información privada de clientes del profesional jurídico cuando hay consentimiento no se penaliza legalmente, pero sí constituye una falta según el Código Deontológico de la Abogacía. Se podría debatir sobre la necesidad de esta prohibición, pero el caso es que existe.

Desde una perspectiva moral.

Desde un criterio ético, una buena forma de comenzar el análisis de esta cuestión sería dividiendo a mis clientes en tres grupos. A saber: los que no quieren que se publique nada en relación a sus asuntos, los que muestran indiferencia ante ello, y los que están a favor. Los primeros quedan descartados de forma automática, quedando por lo tanto un segundo y tercer grupo de clientes que -se podría decir- consienten en que publique información sobre sus asuntos. Si dispongo de este permiso, ¿qué problemas podría tener, ahora desde un punto de vista moral, para escribir en este blog sobre estos interesantes casos? Bueno, existen algunos.

El primero de ellos se relaciona con las actividades de los profesionales jurídicos. Aunque sea por simple respeto hacia mis compañeros, parece obvio pensar que no es correcto publicar asuntos que puedan ser identificados claramente con su trabajo. No hablo aquí solo de abogados sino de jueces, notarios, procuradores, funcionarios de la administración, peritos, y un largo etcétera de personas que por razones de su trabajo se ven involucrados en los casos de mis clientes. Incluso evitando nombrarlos a ellos personalmente -que es elemental- cualquier tercero interesado podría llegar, a través del nombre y apellidos de mi representado, a datos, pensamientos y opiniones sobre la labor profesional de estos señores. Y la opción de recabar todos sus consentimientos es tan ardua y poco elegante que ni siquiera es planteable.

El segundo de ellos funciona de un modo parecido pero en este caso para las partes del procedimiento. La parte contraria a mi representado, en algunas ocasiones persona física con la protección especial sobre sus datos que ello merece, no tiene por qué sufrir las consecuencias de la publicidad de su caso sin haber mediado su consentimiento. Y una vez más, aunque el nombre y apellidos de este particular antagonista no se publiquen, el simple hecho de que el asunto sea claramente identificable es razón suficiente para que se pueda deducir o averiguar su vinculación con él.

Y el tercer y último problema de los que se me ocurren obedece a la posibilidad de que el cliente que antes permitía o incluso deseaba la publicidad de su caso se pueda arrepentir de su decisión. Me comportaría, como no puede ser de otro modo, con la mayor de las diligencias a la hora de retirar el artículo del modo más rápido y definitivo  posible, pero como es sabido a los motores de búsqueda de Internet les cuesta olvidar los textos que se publican en las redes; y existen además herramientas conocidas de caché con las que cualquier persona puede acceder a versiones pasadas de páginas webs incluso aunque ya no existan. El riesgo, en cualquier caso, es demasiado importante.

Conclusión.

De todo lo anterior entiendo que la solución que he encontrado a través de ambas vertientes es idéntica. Por un lado, La ley expresa unos límites bastante claros en cuanto a la imposibilidad de revelar o divulgar secretos de mis clientes, algo que por razones de contenido ético no iba a hacer de ningún modo. Por otro, el Código Deontológico de los Abogados prohíbe la publicidad o divulgación de los asuntos profesionales del abogado incluso mediando consentimiento del cliente, acción que también choca contra los tres problemas morales planteados en los párrafos anteriores. Así que tanto la ley como la moral, en este caso, me dejan dos únicas opciones: o me abstengo de desarrollar en este blog cualquier contenido relativo a casos profesionales, o lo hago a través de un método que haga imposible la identificación del asunto con los protagonistas reales de la historia. Teniendo en cuenta los beneficios que comentaba al principio de este artículo optaré por la segunda vía, poniendo especial énfasis en los límites que acaban de quedar establecidos.