Archivo de la categoría: Política

Sobre la eliminación del español como lengua vehicular en la nueva Ley de Educación

Compartir este artículo:

El pasado jueves 19 de noviembre fue aprobada la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOMLOE), conocida informalmente como «Ley Celáa» por la ministra de educación que la ha impulsado. La nueva norma establece muchas novedades, pero en este artículo me voy a centrar sobre una de las más polémicas: la eliminación del español como lengua vehicular.

Dos cuestiones previas.

Comienzo el texto planteando desde un punto de vista fáctico dos apuntes que entiendo que son relevantes -sobre todo si el lector no los conoce- antes de expresar razones a favor o en contra sobre el tema principal. El primero abarcará un breve análisis sobre el modo en que se ha llevado a cabo el cambio normativo, estudiando de cerca el texto de la ley y los artículos afectados; con el segundo trataré de explicar qué significa este concepto de lengua vehicular, y cuales son los efectos de que el español pierda dicha condición.

El análisis de los cambios realizados en el texto legal se puede hacer de un modo bastante rápido, ya que el legislador ha actuado directa e individualmente contra el artículo que designaba el español como lengua vehicular: la disposición adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Esta es su versión anterior (la negrita es mía y distingue las diferencias):

Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable

El nuevo texto es este:

Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a
recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable.

Tras una revisión atenta de los dos artículos el lector perspicaz podrá deducir donde se encuentra la modificación principal. En la versión antigua el español se situaba sobre el resto de lenguas cooficiales, siendo vehicular de manera imperativa sin ningún tipo de condicionante. En el nuevo texto, en cambio, la lengua oficial del estado y las cooficiales se disponen a la misma altura, pudiendo ser vehiculares o no «de acuerdo con la normativa aplicable». Esta última coletilla, que ahora también afecta al español, será la que permita a las Comunidades Autónomas eliminarlo como lengua vehicular para su territorio .

Enlazamos así con la segunda de las cuestiones antes referidas: qué significa que una lengua tenga la condición de vehicular, y cuáles son los efectos de que el español pueda perder dicha condición en ciertos territorios.

El adjetivo «vehicular» aparece por primera vez en nuestra normativa con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), introduciendo la disposición adicional trigésimo octava que ya se ha referido -antes, podríamos decir, ni siquiera era una cuestión objeto de debate-. A partir de ahí se trata como concepto por diversos órganos jurisdiccionales como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, siendo revisado en diversas resoluciones. Pese a que no se le ha dado al término ninguna definición oficial, en la práctica se puede explicar de una forma bastante asequible: la lengua vehicular es la que se utiliza en el mundo educativo para enseñar a los alumnos. O en una definición algo más legalista pero igualmente válida: la lengua vehicular es la que se debe de utilizar en el mundo educativo para enseñar a los alumnos.

Tras entender lo anterior el efecto inmediato que tendrá la eliminación del español como lengua vehicular en ciertas comunidades se observa por sí solo. El idioma oficial del estado no podrá ser utilizado en las clases lectivas con alumnos de educación obligatoria, siendo su uso limitado -del mismo modo en el que ocurre con el inglés o el francés- a las clases dedicadas de modo concreto a su aprendizaje. La nueva norma sí que mantiene el punto dos de la disposición adicional que ya conocemos, por lo que el olvido del español nunca podrá ser pleno. Quién comprobará que este punto se cumpla y de qué forma y a quién se sancionará si se incumple son preguntas que, al menos por ahora, no tienen respuesta.

Argumentos en contra.

Primera. Perjudica los intereses de los ciudadanos españoles.

Bajo el argumento de apoyar la influencia y desarrollo de las lenguas cooficiales -apoyo que, en ciertos contextos, puedo hasta entender de modo razonable- se ha desarrollado una norma que perjudica al conjunto de los ciudadanos españoles.

  • Primero porque aquellos ciudadanos residentes en territorios con otra lengua vehicular tendrán muchos más problemas en recibir escolarización en español si así lo desean, afectando de modo relevante sus intereses.
  • Segundo porque estos mismos ciudadanos, deseosos de utilizar y hablar la lengua española y con pocos o nulos lazos con los territorios nacionalistas, se verán obligados a aprender para sí o para sus hijos una lengua indeseada e irrelevante para sus intereses.
  • Y tercero porque al limitar el uso del español dentro de su territorio se atenta de forma total contra los intereses de España desde una perspectiva internacional. ¿Acaso no le interesa a nuestro estado que el español se utilice tanto en Sudamérica y por extensión en el resto del mundo? Los beneficios tanto culturales como diplomáticos de tener un lenguaje fuerte son tan importantes que de ninguna manera deberían de realizarse medidas que la limitasen, máxime en nuestro propio territorio.

Segunda. Solo beneficia a los partidos nacionalistas independentistas.

Si alguien piensa que con esta modificación se está ayudando a determinadas Comunidades Autónomas como la catalana, la vasca o la gallega en su conjunto estará cometiendo un error considerable. La posibilidad de eliminar el español como vehicular en determinadas zonas solo beneficia al reducido grupo de ciudadanos que, dentro de esos territorios, abogan por un nacionalismo fuerte e independiente con España.

Me explicaré mejor. Pese a que el nacionalismo regional en España tiene una gran amalgama de variantes, podríamos dividirlos de un modo reduccionista en dos grandes grupos:

  • Los nacionalistas leves serían aquellos que no buscan una ruptura total con el estado español, debido a que entienden que existen fórmulas que encajan mejor para satisfacer sus intereses. Quizá solo quieran una Comunidad Autónoma con mayores privilegios, un régimen fiscal propio, o un estado federado al estilo de los Estados Unidos norteamericano.
  • Los nacionalistas fuertes, en cambio, serían aquellos que desean la ruptura de las relaciones de dependencia con el estado español, buscando cualquier tipo de fórmula que los desligue de forma total con España.

De lo anterior se puede observar claramente que la nueva versión de la norma solo contentará, dentro de los nacionalistas, a este segundo grupo que optan por una ruptura fuerte con el estado. ¿Qué porcentaje de la ciudadanía española formaría este reducido número de personas?¿Por qué limitar algo tan importante para el estado español como su lengua por ellos?

Tercera. Los únicos motivos para el cambio son electorales.

Pese a que ha sido una modificación preparada por el Gobierno español y aprobada por el poder legislativo del Reino de España, su contenido perjudica a la gran mayoría de ciudadanos españoles y beneficia solo a aquellos de este grupo que desean una ruptura con España. Quien aún se esté preguntando el porqué de esta actitud tan contradictoria de nuestros representantes políticos hará bien en tratar de ser menos ingenuo.

A favor de la modificación votaron los siguientes partidos: PSOE, Podemos, Más Madrid, PNV y ERC.

  • PSOE, Podemos y Más Madrid votaron a favor por simple electoralismo. Necesitan llegar a acuerdos con los partidos nacionalistas para no quebrantar su hegemonía en el poder ejecutivo y legislativo, y no han encontrado mejor modo para hacerlo que el aquí presente. O eso o tienen un deseo irracional por «destruir España», como alguno de los representantes de los partidos de la derecha expresa de forma ignorante.
  • Los representantes del PNV quizá piensen que con este cambio satisfacen los intereses de sus votantes, pero en mi opinión no es algo que esté tan claro. Creo que la mayoría de estos votantes forman parte del «nacionalismo leve» del que hablaba antes, y no verían con buenos ojos que sus hijos no pudieran disfrutar del español en sus centros escolares. De hecho, en el País Vasco se seguirá dando clases en español probablemente por muchos años.
  • ERC es, sin duda, el gran (y probablemente único) beneficiado con este cambio. Sus votantes tendrán motivos para estar orgullosos del partido y seguramente lo apoyarán incluso con aún más fuerza en futuras elecciones.

Conclusión

Todo lo anterior viene precedido por una sentencia del Tribunal Supremo en la que se consagraba el derecho máximo de unos ciudadanos catalanes a recibir clases en español por ser esta una lengua vehicular. La nueva modificación, realizada con precisión quirúrgica por parte del poder legislativo, acabará con este molesto argumento esgrimido por los tribunales ordinarios.

¿Puede ser declarada inconstitucional? PP y Ciudadanos anunciaron que llevarían el asunto a este terreno, así que se formaría un debate legal interesante si así terminase siendo. En cualquier caso, la simple posibilidad de que la norma pueda ser inconstitucional es un síntoma más de que el Gobierno no ha hecho las cosas bien en este sentido, y da que pensar sobre el tamaño de la deuda que tienen con los partidos nacionalistas.

El nepotismo de la Junta de Andalucía en las últimas convocatorias de empleo público

Compartir este artículo:

El día 26 de junio de 2020 la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular Andaluz, publicó la nombrada técnicamente como «convocatoria de selección de aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino, asimilado al cuerpo superior de administradores, especialidad administradores generales (A1.1100) en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19«. Tras esta florida denominación se contenía una oferta de 131 puestos de empleo público para poseedores de formación superior que poseía dos condiciones bastante llamativas. La primera, que la convocatoria estaría vigente durante una duración de 24 horas, plazo estricto en el que los aspirantes tendrían que preparar su documentación -copia de DNI y del título que acredite la formación superior- y entregarla por correo electrónico a la administración. La segunda, que la aceptación de los candidatos se realizaría «por riguroso orden de entrada». Es decir, los primeros 131 candidatos que presentasen la documentación correspondiente serían los elegidos.

Como era de esperar, la creación de puestos de empleo por la administración sin atender a ningún criterio de méritos recibió grandes reproches por varios frentes, entre los que se incluían los partidos no gobernantes del ejecutivo andaluz -izquierda Unida y el Partido Socialista, principalmente-, algunos sindicatos y bastantes medios de comunicación. Desafortunadamente parece que estas amonestaciones no tuvieron mucho efecto. Apenas dos semanas después, el día 9 de julio de 2020, la  Junta de Andalucía publicó una nueva convocatoria por la que de nuevo se seleccionaban 159 plazas de cuerpos superiores a través de los mismos criterios. El día 28 de julio se repitió la jugada con la convocatoria de 131 plazas nuevas. En agosto se descansó, como debía de ser, y el 15 de septiembre tuvimos la -hasta la fecha- última convocatoria de este estilo, en este caso con 252 nuevos puestos.

Habiéndose convertido en una práctica usual, las críticas han aumentado hasta el punto de obligar a la Fiscalía Superior de Andalucía a investigar a varios cargos importantes de la Junta por posibles delitos de prevaricación . En lo que queda del presente escrito analizaré el comportamiento de la Junta desde una perspectiva estrictamente legal, tratando de no entrar en asuntos políticos.

Los argumentos legales de la Junta de Andalucía

El artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo establece la posibilidad de las Comunidades Autónomas de llevar por el trámite de urgencia todas las convocatorias de empleados que se requieran «para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19». Dicho trámite de urgencia permite la selección de personal con unos criterios bastante más rápidos y laxos que los ordinarios, no debiendo de sujetarse a varios requisitos -entre ellos el de méritos- que sí que deben de ser aplicables en situaciones normales.

El Gobierno de Andalucía, a su vez, reguló la materia en su Decreto-Ley 6/2020 de 16 de marzo, en el que se recoge el mecanismo de urgencia a aplicar para este tipo de convocatorias tan especiales. El artículo 13 es el aquí importante, y en especial el 13.6, que dice así (las negritas son mías):

En el caso de que a través de los sistemas anteriores no se pudiera seleccionar a personal funcionario interino o laboral temporal, se procederá a la publicación de la correspondiente oferta en la web del empleado público (https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/) o la web de la entidad que pretenda la contratación, permitiendo, durante un plazo de veinticuatro horas, la presentación de solicitudes de personas que cumplan los requisitos que se definan. Transcurrido este plazo, se seleccionará a las personas más idóneas para el desempeño de los puestos convocados.

Como se puede apreciar de forma sencilla, la Junta de Andalucía incumple su propia normativa. El criterio de aceptar las candidaturas «en riguroso orden de entrada», según se ha venido realizando en las últimas convocatorias, acaba de modo fulminante con los dos condicionantes establecidos en la última frase del artículo. Primero porque no se respeta el término de plazo de 24 horas -algunas convocatorias se agotaron en cuestión de minutos-, y segundo porque es una necedad considerar a las personas más rápidas o mejor informadas como las «más idóneas para el desempeño de los puestos convocados».

¿Cuáles serán las consecuencias legales de este incumplimiento? Por desgracia, probablemente pocas o ninguna. Según ya hemos visto en (1) las penas por este delito de prevaricación son una broma, y ello si tenemos la suerte de que el asunto sea revisado por algún juzgado penal. También está el problema de la prueba, y es que aunque todos sabemos que en este asunto ha habido personas mejor informadas que otras por simple nepotismo, acreditarlo en los tribunales será harto complicado.

Habida cuenta de que la ley no va a ofrecer unos resultados óptimos en este sentido, quizá el siguiente paso sea tratar el caso desde un punto de vista político. Pero al menos hasta la fecha, parece que nuestros representantes tienen mejores cosas que hacer que meterse con gran ahínco en este tipo de asuntos.