El secreto profesional de los abogados en los blogs jurídicos

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Con la presente entrada comienzo a escribir en este blog y me planteo varias preguntas. Una de ellas, a la que dedicaré los próximos párrafos, refiere a mi posibilidad como abogado de compartir públicamente los casos que me llegan en plena primera persona, con detalles que solo yo -y quizá mi compañero contrario- conocemos. Las ventajas de ello son indudables y se relacionan sobre todo con la labor divulgativa de dichos asuntos, ofreciendo en una suerte de «Creative Commons» información que quizá pueda ser útil para estudiantes y profesionales del derecho. Las consecuencias también son transparentes, afectando de modo esencial a mi privacidad, la de mis clientes y a la marca de mi despacho.

Sin embargo, ni las ventajas ni las consecuencias ofrecidas deben de afectar a la cuestión principal, que versa sobre mi legitimidad. ¿Tengo derecho a utilizar cualquier plataforma para compartir públicamente casos privados y personales, que afectan a mis clientes y a otros profesionales del sector? ¿Me lo impide la ley o algún código deontológico? ¿Me lo puedo permitir desde una perspectiva moral o ética? A todas estas preguntas intentaré responder a continuación, aprovechando las conclusiones que obtenga para decidir, en parte, el futuro contenido de este pequeño blog.

Desde una perspectiva legal.

En la legislación española el deber de confidencialidad o secreto profesional se regula a través de varios frentes. Existe, en primer lugar, una gran pluralidad de normas de vital importancia que en sus disposiciones establece algunas palabras en relación a este deber. Dentro de ellas hallaríamos la Constitución (1), la Ley Orgánica del Poder Judicial (2), y el Código Penal (3). En segunda instancia, su regulación más completa la encontramos en dos textos de menor relevancia que los anteriores pero igualmente obligatorios para los abogados: el Estatuto General de la Abogacía (4) y el Código Deontológico de la Abogacía (5).

Tras el estudio de los preceptos mencionados llego a las siguientes conclusiones:

  • El deber de confidencialidad de los profesionales jurídicos funciona no solo como una obligación, sino también como un derecho. Derecho a no tener que declarar ante los tribunales en caso de tener conocimiento de actos delictivos o ilegales de nuestros clientes por vínculo profesional. Es un dato a salvar, pero sin relevancia para lo que estoy analizando en este artículo.
  • La revelación o divulgación de secretos ajenos se castiga duramente, ya que según hemos visto tiene un precepto dedicado para ello en el artículo 199 del Código Penal. Entiendo aquí por «secretos» toda la información contada por el propio afectado o por un tercero que tenga un carácter manifiestamente privado y personal (No serían secretos, por ejemplo, la profesión o el estado civil, aunque su divulgación pueda ser perseguible por vía de protección de datos). Tampoco serían secretos aquellos datos en los que el afectado haya consentido en su divulgación o publicidad, o la apoye a través de sus propios actos.
  • La divulgación de información privada de clientes del profesional jurídico cuando hay consentimiento no se penaliza legalmente, pero sí constituye una falta según el Código Deontológico de la Abogacía. Se podría debatir sobre la necesidad de esta prohibición, pero el caso es que existe.

Desde una perspectiva moral.

Desde un criterio ético, una buena forma de comenzar el análisis de esta cuestión sería dividiendo a mis clientes en tres grupos. A saber: los que no quieren que se publique nada en relación a sus asuntos, los que muestran indiferencia ante ello, y los que están a favor. Los primeros quedan descartados de forma automática, quedando por lo tanto un segundo y tercer grupo de clientes que -se podría decir- consienten en que publique información sobre sus asuntos. Si dispongo de este permiso, ¿qué problemas podría tener, ahora desde un punto de vista moral, para escribir en este blog sobre estos interesantes casos? Bueno, existen algunos.

El primero de ellos se relaciona con las actividades de los profesionales jurídicos. Aunque sea por simple respeto hacia mis compañeros, parece obvio pensar que no es correcto publicar asuntos que puedan ser identificados claramente con su trabajo. No hablo aquí solo de abogados sino de jueces, notarios, procuradores, funcionarios de la administración, peritos, y un largo etcétera de personas que por razones de su trabajo se ven involucrados en los casos de mis clientes. Incluso evitando nombrarlos a ellos personalmente -que es elemental- cualquier tercero interesado podría llegar, a través del nombre y apellidos de mi representado, a datos, pensamientos y opiniones sobre la labor profesional de estos señores. Y la opción de recabar todos sus consentimientos es tan ardua y poco elegante que ni siquiera es planteable.

El segundo de ellos funciona de un modo parecido pero en este caso para las partes del procedimiento. La parte contraria a mi representado, en algunas ocasiones persona física con la protección especial sobre sus datos que ello merece, no tiene por qué sufrir las consecuencias de la publicidad de su caso sin haber mediado su consentimiento. Y una vez más, aunque el nombre y apellidos de este particular antagonista no se publiquen, el simple hecho de que el asunto sea claramente identificable es razón suficiente para que se pueda deducir o averiguar su vinculación con él.

Y el tercer y último problema de los que se me ocurren obedece a la posibilidad de que el cliente que antes permitía o incluso deseaba la publicidad de su caso se pueda arrepentir de su decisión. Me comportaría, como no puede ser de otro modo, con la mayor de las diligencias a la hora de retirar el artículo del modo más rápido y definitivo  posible, pero como es sabido a los motores de búsqueda de Internet les cuesta olvidar los textos que se publican en las redes; y existen además herramientas conocidas de caché con las que cualquier persona puede acceder a versiones pasadas de páginas webs incluso aunque ya no existan. El riesgo, en cualquier caso, es demasiado importante.

Conclusión.

De todo lo anterior entiendo que la solución que he encontrado a través de ambas vertientes es idéntica. Por un lado, La ley expresa unos límites bastante claros en cuanto a la imposibilidad de revelar o divulgar secretos de mis clientes, algo que por razones de contenido ético no iba a hacer de ningún modo. Por otro, el Código Deontológico de los Abogados prohíbe la publicidad o divulgación de los asuntos profesionales del abogado incluso mediando consentimiento del cliente, acción que también choca contra los tres problemas morales planteados en los párrafos anteriores. Así que tanto la ley como la moral, en este caso, me dejan dos únicas opciones: o me abstengo de desarrollar en este blog cualquier contenido relativo a casos profesionales, o lo hago a través de un método que haga imposible la identificación del asunto con los protagonistas reales de la historia. Teniendo en cuenta los beneficios que comentaba al principio de este artículo optaré por la segunda vía, poniendo especial énfasis en los límites que acaban de quedar establecidos.

  1. Artículo 24.2 CE: La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
  2. Artículo 542.3 LOPJ: Los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.
  3. Artículo 199 CP: 1El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. 2.El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.
  4. Artículo 32 EGA: De conformidad con lo establecido por el artículo 437.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos
  5. En su artículo 5, que por su extensión no puede ser reproducido en este breve espacio.

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