La «Ley Rider» y la regularización del mercado laboral

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El pasado 11 de mayo de 2021 quedó publicado en el Boletín Oficial del Estado la conocida como «Ley Rider», con el título formal de «Real Decreto ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales«. A pesar de su corta extensión (apenas un artículo en el que se modifican dos preceptos del Estatuto de los Trabajadores) su publicación ha ocasionado un cisma dentro del sector del transporte de bienes de consumo, cuyos efectos veremos una vez entre en vigor en agosto de 2021. Se abrirá entonces una nueva página dentro del eterno debate sobre la regularización del mercado laboral.

Los antecedentes.

Como muchos lectores sabrán, los efectos de la ley se relacionan de manera principal con la cuestión de los falsos autónomos, siempre muy fructífera en cuanto a noticias y sentencias. Desde hacía ya bastante tiempo los condicionantes para considerar un contrato como mercantil o laboral estaban bastante asentados, pero con el paso del tiempo tanto los trabajadores como (principalmente) las empresas han ido acercándose a los límites de lo correcto a través de fórmulas que operan en los márgenes de la ley. Y de ahí han nacido plataformas como «Uber Eats», «Deliveroo» o «Glovo», en las que las condiciones de los trabajadores se han aplicado de una manera científica para operar en el margen de la ley, pero dentro de ella (1).

La sorpresa para estas plataformas debió de ser mayúscula cuando descubrieron que el derecho no es una ciencia exacta y que el Tribunal Supremo, en una reconocida sentencia de 25 de septiembre de 2020, le quitaba la razón a «Globo» abriendo la puerta a que sus «Riders» fueran declarados como falsos autónomos (2). El ejercicio de depuración legal realizado no había sido suficiente, así que se hacía necesario modificar los condicionantes indicados como problemáticos por el tribunal para volver a ese deseado punto en el que se se está al margen de la ley, pero dentro de ella.

La nueva situación legal y sus efectos.

Es en este punto en el que entra la «Ley Rider», modificando la normativa de modo que las plataformas, en lo sucesivo, no puedan jugar más con estos márgenes o límites legales. En concreto, el texto añadido al Estatuto de los Trabajadores expresa lo siguiente:

Por aplicación de lo establecido en el artículo 8.1, se presume incluida en el
ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos
consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o
mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de
organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la
gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una
plataforma digital.

En resumen: cualquier actividad de reparto o distribución llevada a cabo mediante la intermediación de una plataforma digital que gestione los pedidos con el cliente final será, en principio, considerada como laboral. Se trata este de un cambio tan relevante que, en la práctica, deja a plataformas tan conocidas como «Uber Eats», «Deliveroo» o «Glovo» en una situación total de ilegalidad. Teniendo en cuenta que la ley entrará en vigor el 12 de agosto de 2021, tendrán hasta entonces para elegir alguna de estas opciones:

  • Cambiar su actividad y pasar a funcionar como una simple plataforma de anuncios que no intermedie en la operación, del mismo modo en que ocurre con otras como «Páginas Amarillas» o «Wallapop».
  • Olvidarse de los autónomos y contratar exclusivamente a empresas sociedades limitadas para realizar el servicio, con el cuidado añadido de que estas traten bien a sus trabajadores y no pueda considerarse una posible cesión ilegal de trabajadores.
  • Contratar laboralmente a los «Riders».
  • Desaparecer.

El debate sobre la regularización del mercado laboral.

Teniendo en cuenta que la elección de cualquiera las dos primeras alternativas supondría un cambio en el modelo de negocio demasiado profundo como para que pueda ser llevado a cabo con garantías, lo más probable es que el abanico de opciones se termine limitando a las dos últimas. La elección de las plataformas se ceñirá, por tanto, a contratar laboralmente a los trabajadores o a extinguir este sistema de reparto de productos de consumo hasta que un nuevo cambio legal derogue la normativa que estamos tratando.

A partir de lo anterior entramos de lleno, como adelantaba en el preámbulo de este escrito, en  el ya famoso debate sobre la regularización o desregularización del mercado laboral. De un lado, las plataformas (y algunos «Riders») favorables a la flexibilización o desregularización del mercado, quienes alegan que unas condiciones laborales especialmente restrictivas acaban con la industria y con el tejido empresarial del sector; de otro lado, organizaciones defensoras de los intereses de los trabajadores (y probablemente un mayor porcentaje de «Riders»), luchando por unas condiciones laborales que ellos consideran como mínimas y necesarias dentro de cualquier mercado de trabajo.

Lo interesante de esta situación es que, al contrario de lo que ocurre con otros casos semejantes algo más abstractos (salario mínimo, indemnizaciones por despido, contratos parciales o fijos, etcétera) en este vamos a poder experimentar de un modo más o menos claro qué lado obtiene la victoria intelectual. Si las empresas se ven obligadas a cerrar y tanto los «Riders» como los consumidores se quedan sin un servicio que funcionaba correctamente será una gran victoria a favor de quienes abogan por una mayor desregularización del mercado, que verán cumplidas sus amenazas sobre lo que ocurre cuando las condiciones de trabajo son muy poco flexibles. Sin embargo, si estas u otras empresas consiguen ofrecer el servicio contratando laboralmente a los «Riders» demostrarán que siempre ha sido posible hacerlo, evidenciando que la negativa de las plataformas actuales obedecía únicamente a razones egoístas que pueden ser exprimidas a través de una mayor regularización del mercado. Sin medias tintas, el tiempo dirá como se adapta el mercado a este ejercicio de regularización, y si sus consecuencias terminan siendo positivas o negativas para los empresarios, los «Riders» y los consumidores.

  1. Estas condiciones han sido tratadas en numerosas sentencias que interpretan lo establecido en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, y en el caso que aquí nos ocupa son principalmente dos: una, independencia de decisiones en el trabajo; y dos, independencia de medios. La independencia de decisiones obliga a que el trabajador sea libre para decidir cuando trabaja y cuando no, los horarios a los que se somete, y la forma y modo en la que desarrolla su actividad. La independencia de medios obliga a que el trabajador realice su actividad con sus propios medios y herramientas, sin que la empresa le requiera a utilizar unos concretos.
  2. Debo de confesar aquí que la sentencia también me sorprendió a mí, ya que pensaba que la situación de los «Riders» estaba bien atada por las plataformas y que muy difícilmente podían considerarse como laborales según ley. Con la lectura de la resolución la sorpresa dio paso a la comprensión de que estaba equivocado. Y es que que tras el disfraz de una actividad supuestamente independiente y libre se escondía, según la sentencia, un régimen bastante más cercano a una relación laboral: geolocalización constante, penalizaciones por no realizar encargos en tiempo oportuno o por tener tiempos largos de inactividad, instrucciones sobre la forma en la que el trabajador debe de dirigirse al cliente, y un largo etcétera.

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